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JUICIOS RAPIDOS POR ALCOHOLEMIAS

2011-11-07T13:36:00.000-08:00

COMO AFRONTAR UN JUICIO RAPIDO POR ALCOHOLEMIA

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Nuestro Bufete de Abogados, V&V y Asociados, le prestará el servicio necesario, con una experiencia en mas de 20 años y Abogados expertos penalistas, con una atención especializada en delitos contra la seguridad vial, y concretamente en el ámbito de los delitos por alcoholemia, provocados con motivo de la conducción con una tasa de alcohol en aire aspirado de más de 0,60 mg produce un dato objetivo, que es un delito contra la seguridad vial, tipificado en nuestro Código Penal, con una pena que, dependiendo como y en que circunstancias se produzca esa toma de alcohol, con el vehículo en marcha, conduciendo el mismo, o bien en otras situaciones, provoca que el autor o conductor del hecho se vea inmerso en un acto en si mismo delictivo, generando antecedentes penales al condenado.

En la transcripción del Código Penal español, el Artículo 379, establece:

1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.

El test de alcoholemia puede tenerse en cuenta por el juzgador a la hora de efectuar su valoración de la prueba practicada en el proceso, pero como se ha dicho antes, los resultados obtenidos del test no tenían carácter decisivo a la hora de emitir un fallo condenatorio o no, lo cual sigue siendo así tras la reforma de 30 de noviembre de 2007.

Consecuentemente con lo dicho, la superación de las tasas establecidas implica en todo caso la condena, determinándose la existencia de una presunción iuris et de iure por estimarse que la ingesta superando tales límites es ya de por sí generadora del riesgo abstracto para la circulación.

LAS PENAS

Además de la pena de privación del derecho a conducir, los dos temas más importantes que plantea la punibilidad de los comportamientos delictivos contemplados en el vigente artículo.379 Código Penal. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembreson: la alternatividad de la pena principal, que puede ser prisión o multa o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días (reforma introducida por la LO 5/2010 Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal., de 22 de junio), constituyendo esta última penalidad una novedad introducida por la reforma, ya que el anterior texto punitivo dejaba en manos del juzgador la aplicación de esta sanción, al utilizar el antiguo art. 379 la fórmula "y trabajos en beneficio de la comunidad".

En cuanto a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, sanción que recaerá en todo caso, su duración será superior a 1 y hasta 4 años, tal y como preceptúa el apartado 1 del art. 379 artículo.379.1 Código Penal. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre(al que asimismo remite el apartado 2 artículo.379.2 Código Penal. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre).

Autor: Edurne Vázquez
Abogada

ABOGADOS DE FAMILIA EN MADRID: Abogados Especialistas Divorcio, Alimentos, Exequatur, Tutelas, Incapacidades. Consulta Gratis Abogado Tf.902.99.58.51ABOGADOS ESPECIALISTAS DIVORCIOS MADRID: EL PROTOCOLO FAMILIAR PREVENIR ANTES DEL DIVORCIO

2011-10-17T10:51:00.000-07:00

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SECUESTRO INTERNACIONAL DE NIÑOS POR SUS PADRES

2011-10-16T07:57:00.000-07:00

EL SECUESTRO DE NIÑOS TRAS EL DIVORCIO

Un grave problema que se plantea en algunos casos, sobre todo cuando se trata de padres con distintas nacionalidades, es el incumplimiento de la custodia de los hijos y sobre todo cuando el cónyuge extranjero, sin autorización del progenitor, se marcha con el niño a su país de origen.

DEFINICIÓN DE SECUESTRO DE NIÑOS: Convención de la Haya define cuando el traslado o la retención de un menor se considerarán ilícitos:

a) cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia atribuido, separada o conjuntamente, a una persona, a una institución, o a cualquier otro organismo, con arreglo al derecho vigente en el Estado en que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención; y 19

b) cuando este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamente, en el momento del traslado o de la retención, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención.

El derecho de custodia mencionado en a) puede resultar, en particular, de una atribución de pleno derecho, de una decisión judicial o administrativa, o de un acuerdo vigente según el derecho de dicho Estado.

Como prevenir estas situaciones: En las demandas de divorcio o separación conyugal con hijos, el cónyuge custodio del niño o el otro cónyuge en su período de estancia, puede decidir, por los motivos que sea, ir a su pais de origen sin autorización de su otro cónyuge, en cuanto al niño menor se refiere, este hecho, siempre y cuando suponga un incumplimiento de los deberes de custodia, implica un hecho tipificado en el Código Penal. Estas situaciones son díficiles de prevenir, salvo que se señalen en el proceso de divorcio y en la Sentencia judicial medidas cautelares, tales como la prohibición de salida del territorio nacional del niño, hasta su mayoría de edad, la no posibilidad de obtención del pasaporte, salvo con autorización expresa de ambos progenitores, etc.

No obstante, cuando esto sucede, es decir la sustracción del niño o hijo menor de edad y es llevado por el padre o madre de origen extranjero a su país de origen, lo primero que hay que interponer es una denuncia ante las autoridades policiales españolas, consignando si es posible, el domicilio donde pueda encontrarse el niño o hijo, haciendo alusión a la Sentencia en la que se acuerda el régimen de guarda y custodia.

El XXVIII Convenio sobre aspectos civiles de sustracción de menores de la HAYA, de 25 de octubre de 1980, estableción algunas medidas entorno a las situaciones provocadas por la sustracción de niños, velando para que los derechos de custodia y guarda señalados judicialmente en los estados contratantes se cumplieran y respetaran.

El Convenio se aplica para aquellos casos en los que trantándose de menores de 16 años, al niño o menor con residencia habitual en uno de los Estados contratantes y se incumpla los deberes de custodia o de visitas.

Los estados contratantes:

Deberán adoptar, en particular, ya sea directamente o a través de un intermediario, todas las medidas apropiadas que permitan:

a) localizar al menor trasladado o retenido de manera ilícita;

b) prevenir que el menor sufra mayores daños o que resulten perjudicadas las partes interesadas, para lo cual adoptarán o harán que se adopten medidas provisionales;

c) garantizar la restitución voluntaria del menor o facilitar una solución amigable;

d) intercambiar información relativa a la situación social del menor, si se estima conveniente;

e) facilitar información general sobre la legislación de su pais relativa a la aplicación del

Convenio;

f) incoar o facilitar la apertura de un procedimiento judicial o administrativo, con el objeto de conseguir la restitución del menor y, en su caso, permitir que se regule o se ejerza de manera efectiva el derecho de visita;

g) conceder o facilitar, según el caso, la obtención de asistencia judicial y jurídica, incluida la participación de un abogado;

h) garantizar, desde el punto de vista administrativo, la restitución del menor sin peligro, si ello fuese necesario y apropiado;

i) mantenerse mutuamente informadas sobre la aplicación del presente Convenio y eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos que puedan oponerse a dicha aplicación.

Para determinar la existencia de un traslado o de una retención ilícitos en el sentido del artículo 3, las autoridades judiciales o administrativas del Estado requerido podrá tener en cuenta directamente la legislación y las decisiones judiciales o administrativas, ya estén reconocidas formalmente o no en el Estado de la residencia habitual del menor, sin tener que recurrir a procedimientos concretos para probar la vigencia de esa legislación o para el reconocimiento de las decisiones extranjeras que de lo contrario serían aplicables.

Puntos débiles del Convenio de la Haya:

Uno de los puntos más débiles del Convenio es el escaso número de Estados Suscriptores, lo que facilita "el menú" de opciones a progenitores raptores. Tal y como afirma Julia A Todd: "La más significante limitación actual del Convenio es la numerosa lista de Estados no suscriptores, en los cuales las disposiciones del mismo no son aplicables. De esa formas existen varios "Estados-paraíso" en los cuales los captores llevan a los niños secuestrados y encuentran formas de reafirmar mediante litis su derecho de custodia en el Estado de refugio."

La Convención de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores tiene los siguientes Estados ratificantes 9 del sistema interamericano:

Argentina Firma el 1 de junio de 1991

Canadá Firma el 1 de diciembre de 1983

Estados Unidos de América Firma el 1 de julio de 1988

Venezuela Firma el 1 de enero de 1997

Y aquellos Estados parte del sistema de la OEA que si bien no lo han suscrito directamente ante la Conferencia de la Haya, pero han firmado acuerdos bilaterales con otros Estados, adhiriéndose al mismo son:

Bahamas Firma el 1 de enero de 1994

Belice Firma el 1 de septiembre de 1989

Brasil Firma el 1 de enero del 2000

Chile Firma el 1 de mayo de 1994

Colombia Firma el 1 de marzo de 1996

Costa Rica Firma el 1 de febrero de 1999

Ecuador Firma el 1 de abril de 1992

El Salvador Firma el 1 de mayo del 2001

Guatemala Firma el 1 de mayo del 2002

Honduras Firma el 1 de marzo de 1994

México Firma el 1 de septiembre de1991

Nicaragua Firma el 1 de marzo del 2001

Panamá Firma el 1 de mayo de 1994

Paraguay Firma el 1 de agosto de 1998

Perú Firma el 1 de agosto del 2001

Saint Kitts and Nevis Firma el 1 de agosto de 1994

Trinidad y Tobago Firma el 1 de septiembre del 2000

Uruguay Firma el 1 de febrero de 2000

Estados de la OEA que no son ratificantes ni Estados adheridos:

Antigua and Barbuda

Barbados

Bolivia

Cuba

Dominica

República Dominicana

Grenada

Guyana

Haití

Jamaica

Saint Lucia

St Vincent and the Grenadines

Suriname

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Especialistas en resolución secuestros
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EL PROTOCOLO FAMILIAR PREVENIR ANTES DEL DIVORCIO

2010-06-26T04:59:00.000-07:00

Participación de la familia en la empresa

Que el cabeza de familia, o cualquiera de sus miembros incluidos colaterales de segundo grado, supere el 5% , de participación individual o bien en el conjunto del grupo familiar se alcance un mínimo del 20%.

El protocolo familiar

La necesidad del protocolo familiar (PF) surge como consecuencia de la importante mortandad de empresas familiares a causa de conflictos internos en el seno de la familia, como son las separaciones y divorcios, los conflictos sucesorios y generacionales96. El PF no está regulado jurídicamente de forma expresa en el derecho español, aunque en el futuro deberá serlo, posiblemente mediante el correspondiente desarrollo reglamentario de la Ley de Sociedades Limitadas de la nueva empresa, con la finalidad de que sus pactos tengan acceso al Registro Mercantil y con ello gocen de publicidad registral.

Los contratos matrimoniales en especial referencia a los capítulos matrimoniales

Se trata de aquellos convenios en los que los futuros o actuales cónyuges regulan las relaciones personales y patrimoniales del matrimonio antes de su celebración y con posterioridad al mismo, con relación a los bienes presentes y futuros, en el que normalmente se fija, si no está predeterminado por Ley, el régimen económico matrimonial al que se someterán los bienes y derechos de la pareja. Su genuina función, como hemos dicho, es la de pactar el régimen económico al que se va a acoger la pareja y que mejor se adapte a sus necesidades, igualmente pueden prever el destino de los bienes que compongan el patrimonio conyugal, así como las compensaciones o indemnizaciones en el supuesto de ruptura matrimonial, pudiendo además estipular, modificar o sustituir el régimen económico matrimonial al propio tiempo que aprovechar el mismo instrumento para otros fines, como donaciones entre cónyuges, prelegados a los hijos, reconocimiento de hijos, etc..., además de incorporar los pactos instituidos en el protocolo de la empresa familiar, para evitar que la ruptura pueda afectar a la empresa, como en la práctica viene sucediendo.

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EL DIVORCIO - CONSECUENCIAS

2010-06-26T04:51:00.000-07:00

El divorcio supone la extinción total de los efectos de un matrimonio válido y eficaz por causas posteriores a su perfección. Es siempre una causa sobrevenida en un matrimonio válidamente celebrado, se produce por sentencia judicial, tras el pertinente proceso, y sus efectos no son retroactivos, sino desde la firmeza de la sentencia En materia de divorcio, al igual que con la separación, se ha modificado la regulación que contenía el Código Civil tras la Ley 15/2005 de 8 de julio, suprimiendo el elenco de causas que justifican el divorcio, y permitiendo acceder al mismo directamente sin necesidad de una previa separación legal como se exigía por la regulación anterior en la mayoría de los casos.

Con ello se facilita sustancialmente el divorcio, potenciando la libertad individual de cada uno de los cónyuges y preservando la intimidad familiar, al no tener que alegar y probar causa alguna para obtener el mismo.

Autor: tuabogadodefensor.com